Cuestionamientos al anuncio de consolidación de cifras de asesinatos a líderes sociales.
De acuerdo con Indepaz, en 2020 fueron asesinados 310 líderes y defensores de los derechos humanos.
La nueva propuesta de unificar la metodología para obtener información sobre el asesinato a líderes, preocupa a organizaciones sociales y sectores académicos.
Expertos coinciden en que puede estar en riesgo la independencia de organismos de control, mientras que se les da más importancia a las cifras que a la búsqueda de una solución a la violencia en las regiones.
Con el anuncio del presidente Iván Duque sobre la búsqueda de mecanismos para consolidar las cifras de asesinatos a líderes sociales en Colombia, se manifestaron diversas opiniones desde diferentes sectores.
Claudia Tovar, analista del conflicto armado y docente de la Universidad Javeriana, dice que en el desarrollo de sus investigaciones académicas “la fuente oficial, aparece, es un deber nuestro ponerla, pero lamentablemente en la mayoría de los casos, las cifras oficiales significan para nosotros, sub-registro, mal registro, ocultamiento de las realidades, acomodación de cifras”.
Para el abogado Javier Rincón, director del Observatorio en Derecho Militar de la Universidad Javeriana, “la política pública necesita de unas cifras consolidadas, el hecho de que todos esos órganos se unan para procurar esas cifras es una muy buena idea, sin que eso signifique una patente para que los órganos de control dejen de ejercer las funciones que les son propias”.
Al mostrarse en desacuerdo con lo anunciado, Lourdes Castro, directora del programa Somos Defensores, señala que el fiscal general Francisco Barbosa “cuando se desempeñó como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, se dedicó, en su gestión, a manipular la metodología y las cifras proporcionada por la oficina de la Alta Comisionada de los DDHH de Naciones Unidas, intentando mostrar una reducción de casos de homicidio que no se correspondían con la realidad”.
En riesgo la independencia del control
Una de las preocupaciones tras el anuncio presidencial, es que con la unificación de criterios para establecer las cifras de la violencia contra líderes sociales se pierda, o al menos se pongan en riesgo, la función de control.
Jean Carlo Mejía, director del consultorio jurídico de la Universidad Nueva Granada opina que “no puede el presidente de la República, ni el fiscal, dar la orden o pretender imponer algo sobre los órganos de control”.
El Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, hace un seguimiento diario a la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos tras la firma del acuerdo de paz.
Camilo González Posso, su director, dice que “curiosamente no es una respuesta en terreno, para prevenir, ejercer una mayor presencia del Estado o una mayor eficacia de la Fuerza Pública sino sobre el tema de cifras o de contabilidad, como si ese fuera el problema, la verdad es que esa contabilidad ya está, la tienen la Fiscalía, la Defensoría, pero lo que pasa es que no quieren publicar las cifras conjuntas”.
En Colombia entidades como la Defensoría del Pueblo, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU y la Fiscalía, por aparte, se encargan de contabilizar los casos de asesinatos a líderes sociales.
Las cifras, incluyendo las de organizaciones sociales, no son coincidentes, en parte por la forma en la que se obtienen, las fuentes de las mismas e incluso la consideración que se tiene del liderazgo social que las víctimas ejercían en sus territorios.
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